El anuncio de la desalinizadora flotante en el puerto de Barcelona, sumado al decreto ley que deja en manos de los ayuntamientos decidir qué piscinas públicas y privadas podrán abrir este verano, ha desatado la indignación en el Consistorio barcelonés. Una contundente primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, mostró su “sorpresa, decepción y preocupación” por lo que considera “una acción de gobierno irresponsable, más propia de un partido en campaña que de una administración responsable”.
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